USTR solicitó consultas bajo el T-MEC por la política energética mexicana
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El 20 de julio de 2022, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos solicitó consultas de solución de controversias con México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La solicitud se centró en medidas energéticas mexicanas que, según Washington, favorecían a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos frente a empresas estadounidenses y energía producida en Estados Unidos.
USTR señaló cuatro grupos de medidas: la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que priorizaba electricidad generada por CFE; retrasos, negativas o revocaciones que afectarían a empresas privadas en el sector energético; una regulación de 2019 que otorgaba a PEMEX una extensión para cumplir estándares de diésel; y una acción de 2022 sobre transporte de gas natural que, según la representación estadounidense, beneficiaba a PEMEX, CFE y sus productos.
La comunicación estadounidense ubicó el conflicto en obligaciones del T-MEC sobre acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado. También afirmó que las políticas mexicanas afectaban intereses económicos estadounidenses y desincentivaban inversión de proveedores de energía limpia. El documento no resolvía la controversia: abría una fase formal de consultas, pero fijaba con claridad el marco de presión comercial sobre la política energética mexicana.
Conexión editorial
Este dato muestra que la energía ya era un campo formal de disputa bajo el T-MEC, no sólo una diferencia discursiva. Para el análisis sobre fentanilo, frontera y energía, sirve como puente: la presión estadounidense sobre México no se limita a drogas o migración. También opera mediante reglas comerciales, inversiones, permisos y trato a empresas estatales. La cuestión energética aparece así como soberanía regulatoria disputada.