Día 42: la asimetría que paraliza los aeropuertos de Estados Unidos

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Día 42 del partial government shutdown (cierre parcial del gobierno) en Estados Unidos. A un día de empatar el récord histórico de 2025 (43 días), la parálisis tiene un rasgo que pocas notas destacan: la asimetría del financiamiento.

El cierre parcial desde el 14 de febrero afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Pentágono, el Departamento de Transporte, el de Salud y el de Vivienda. Dentro del DHS, unos 50,000 oficiales de la TSA trabajan sin cobrar. La Guardia Costera y FEMA operan en la misma situación. Pero no todas las agencias bajo ese paraguas están igual: ICE y la Patrulla Fronteriza están financiadas. Su presupuesto proviene de legislación fiscal 2025 aprobada por separado. La TSA no tiene paga; ICE sí.

Los datos del DHS, vía AP, documentan al menos 376 renuncias en la TSA. El ausentismo promedia 10% a nivel nacional, con picos de hasta 40% en Houston. Los tiempos de espera en los puntos de control se dispararon: Atlanta reporta más de cuatro horas; LaGuardia, O’Hare e Houston IAH registran demoras significativas.

Aquí viene el detalle que complica la narrativa. ICE desplegó personal a 14 aeropuertos para suplir la escasez de TSA. Una foto de AP tomada en O’Hare lo documenta: agentes de ICE —la agencia en el centro de la controversia que detonó el shutdown (cierre)— operando en los filtros de seguridad de pasajeros. La confluencia es difícil de ignorar. La agencia cuya conducta catalizó la crisis es la misma que el gobierno usa como parche operativo.

Donald Trump emitió una orden ejecutiva para pagar a los oficiales de TSA “lo antes posible, a más tardar el lunes 30 de marzo”. El problema es legal. El Artículo I, Sección 9 de la Constitución reserva el poder de la bolsa al Congreso. La orden ejecutiva intenta sortear una restricción constitucional sin resolución legislativa. No es una solución; es un parche de constitucionalidad dudosa.

La causa raíz del shutdown no es una disputa abstracta entre Trump y los demócratas. En febrero, los civiles Alex Pretti y Renee Good murieron a manos de agentes federales en Minneapolis. La escalada posterior empujó a los demócratas a condicionar cualquier acuerdo a reformas concretas: un código de conducta para fuerzas federales, cámaras corporales obligatorias, fin del uso de mascarillas y mandatos judiciales para operativos. El Freedom Caucus, por su lado, se opone a cualquier deal (acuerdo) que no incluya financiamiento completo para ICE. La negociación está trabada entre dos posiciones que se refuerzan mutuamente.

Mientras tanto, México observa sin pronunciarse. El T-MEC no se ve afectado por el shutdown —el acuerdo comercial depende de procesos distintos al appropriations process (proceso de asignaciones presupuestales)—. Ni la presidenta Sheinbaum ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido declaraciones formales. México es, por ahora, espectador.

Lo que este día 42 revela no es solo disfunción presupuestal. Es la fragilidad de un sistema donde el mismo bloqueo institucional que deja sin sueldo a 50,000 trabajadores no toca el presupuesto de la agencia más polémica. El precedente de 2025 está a un día de igualarse. Pero la asimetría —TSA sin paga, ICE operativo, ICE reemplazando a TSA en aeropuertos— dice más sobre las prioridades del sistema que cualquier debate en el Capitolio.

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