Introducción

La palabra “seguridad” parece sencilla hasta que empieza a ordenar demasiadas cosas. Puede nombrar una amenaza real, una obligación estatal o una política pública legítima. Pero también puede operar como una gramática de poder: decide qué problema merece urgencia, qué agencia debe intervenir, qué presupuesto se activa, qué frontera se endurece y qué margen de soberanía queda disponible para el país que acepta discutir en esos términos. Su capacidad política no reside sólo en describir un peligro, sino en convertir esa descripción en una secuencia de instrumentos.

En la relación entre México y Estados Unidos, esa ambigüedad importa porque los problemas invocados son materiales. El fentanilo no es una ficción retórica; la migración tampoco; el tráfico de armas, la gestión fronteriza, la infraestructura energética y las cadenas transfronterizas tampoco. Negar esas realidades para denunciar presión externa produciría un análisis pobre y una política inútil. La pregunta relevante es qué ocurre cuando problemas distintos son traducidos a un mismo idioma de seguridad nacional estadounidense y ese idioma empieza a fijar la agenda bilateral.

Al nombrar fentanilo, frontera, migración, vigilancia, energía e infraestructura como partes de una misma arquitectura, Washington no sólo enumera preocupaciones. También propone jerarquías. Define qué amenaza llega primero, qué solución parece razonable, qué instituciones adquieren centralidad y qué Estado debe demostrar que no estorba la respuesta. La seguridad puede pasar así de ser una necesidad compartida a ser el marco desde el que una parte establece las condiciones de cooperación para la otra.

Markwayne Mullin permite observar esa conexión sin convertirlo en una explicación total. No es el cerebro único de una doctrina contra México, ni su trayectoria basta para probar una estrategia monolítica de Washington. Sería una caricatura. Su interés analítico es distinto: reúne en un mismo recorrido político el endurecimiento fronterizo, el argumento sobre fentanilo, la defensa de infraestructura energética transfronteriza y la conducción del Departamento de Seguridad Nacional. Es síntoma e instrumento de una orientación; no agota a Estados Unidos, pero vuelve visibles piezas que suelen tratarse como asuntos aislados.

La tesis, por tanto, no sostiene que Washington invente una amenaza única para presionar a México. Sostiene algo más limitado y verificable: puede convertir crisis reales y ámbitos regulatorios distintos en palancas de coordinación, presupuesto, agencias, regulación y frontera al ordenarlos bajo una gramática común de seguridad. La respuesta mexicana no puede ser el aislamiento ni la aceptación pasiva. Debe distinguir cooperación necesaria de subordinación semántica, es decir, de la aceptación sin disputa de las categorías, jerarquías y remedios con que el otro Estado formula el problema.

Marco de lectura

Una gramática política no es una doctrina secreta ni requiere un documento que coordine todas sus piezas. Es un conjunto de términos, asociaciones y reglas prácticas que hacen algunas respuestas más pensables que otras. Cuando la seguridad organiza la conversación, la pregunta deja de ser solamente qué falla en salud pública, qué red criminal opera o qué regulación energética conviene. Pasa a ser qué amenaza a Estados Unidos, cómo se contiene, qué aparato estatal debe reforzarse y qué cooperación debe ofrecer México para demostrar que contribuye a esa contención.

Ese cambio de registro importa porque conecta ámbitos que tienen mecanismos propios. El fentanilo puede examinarse como crisis de salud, mercado criminal, cadena de precursores o problema financiero. La migración remite a movilidad humana, trabajo, protección, rutas y controles. La infraestructura energética implica permisos, inversión, electricidad, combustibles, gas natural y planeación. Ninguno de esos campos desaparece cuando se habla de seguridad. Lo que cambia es su jerarquía: pasan a leerse como componentes de una misma vulnerabilidad estadounidense y, por ello, como objetos de una respuesta coordinada desde Washington.

La operación no consiste en fabricar de la nada una crisis inexistente. Consiste en transformar una crisis real en una palanca de ordenamiento. Precisamente las crisis reales son políticamente eficaces: el dolor social, la violencia o la incertidumbre regulatoria autorizan presupuestos, agencias y medidas que serían más difíciles de justificar en abstracto. Por eso la oposición entre “problema real” y “uso político” es falsa. Un problema puede ser real y, por esa misma razón, producir efectos geopolíticos y administrativos que exceden su definición inicial.

La frontera ocupa un lugar decisivo en esa traducción. No es sólo una línea territorial ni sólo una instalación física. Puede volverse muro, vigilancia, personal, deportación, tecnología, capacidad marítima, presupuesto, coordinación policial e intercambio de información. Cuando esas capacidades se vuelven permanentes, la frontera deja de ser una respuesta coyuntural y se sedimenta como infraestructura estatal. Sus efectos no se detienen en el lado estadounidense: alteran rutas migratorias, dinámicas criminales, cooperación institucional y presión diplomática que México debe administrar aunque no haya decidido el diseño inicial.

La energía parece alejada de esa escena porque suele hablarse de ella con un léxico técnico: permisos, certificados, plazos, FERC, Departamento de Energía, ductos, líneas eléctricas y certidumbre. Sin embargo, la infraestructura transfronteriza también organiza soberanía. Define quién autoriza, con qué criterios, a qué velocidad, para qué mercados y con qué protección frente a cambios de gobierno. Llamar seguridad económica a esa certidumbre no equivale a una anexión ni a una invasión. Sí muestra que una regulación aparentemente especializada puede inscribirse en una noción amplia de interés nacional estadounidense.

El marco mexicano tampoco es vacío ni puramente reactivo. Su política energética presenta electricidad e hidrocarburos como áreas estratégicas vinculadas con planeación, justicia energética, seguridad, autosuficiencia y soberanía, y el nuevo marco consolidó a CFE y PEMEX como empresas públicas del Estado. Esto no resuelve por sí solo capacidad, inversión, transición energética o eficiencia; tampoco vuelve ilegítima toda crítica externa. Establece, más bien, que el desacuerdo no enfrenta técnica contra política. Enfrenta dos formas de politizar la energía: una que privilegia certidumbre para empresas e infraestructura transfronteriza bajo reglas comerciales, y otra que busca recentrar al Estado mexicano como rector de sectores estratégicos.

Desde esta perspectiva, soberanía no es una consigna abstracta ni una negación de la interdependencia. Es capacidad de decidir prioridades, ritmos, propiedad, permisos y orientación pública, así como capacidad de cooperar sin que cooperar implique adoptar la definición ajena de la amenaza. La fórmula mexicana de “coordinación sin subordinación” resulta significativa porque reconoce los problemas comunes y, al mismo tiempo, intenta reservar un límite político. Su valor no está en que resuelva por sí sola la asimetría, sino en que nombra la disputa que esa asimetría vuelve necesaria.

Ruta de evidencia

Este análisis no pretende demostrar una conspiración ni inferir una política total de Estados Unidos a partir de un solo funcionario. Su ruta parte de una premisa en preparación, “La seguridad como gramática corporativa de Washington”, y de cinco Datos que documentan episodios, posiciones y marcos institucionales concretos. La inferencia es comparativa: pone en relación esos registros para identificar asociaciones entre asuntos que suelen discutirse por separado, sin convertirlas en prueba de una estrategia única. Los enlaces no son adornos de autoridad: delimitan tanto lo que puede sostenerse como lo que no puede afirmarse.

El dato institucional sobre Mullin confirma su nombramiento como secretario del DHS después de trece años en el Congreso. Eso permite tratar sus antecedentes políticos como parte del archivo de un actor ejecutivo con atribuciones sobre frontera, migración, ICE, CBP, Guardia Costera, seguridad interior y coordinación con otros gobiernos. No permite, sin embargo, convertir cada posición previa en política consumada ni asumir que el DHS entero se reduce a su figura.

El registro de la reunión bilateral documenta que Claudia Sheinbaum y delegaciones de ambos países revisaron seguridad, gestión fronteriza y migración. También conserva el lenguaje de soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación de la parte mexicana. Es evidencia de un terreno de coordinación y de su disputa verbal; no prueba por sí misma imposición, intervención o un acuerdo de alcance no publicado.

El dato sobre fentanilo, China, México y frontera permite identificar una asociación política explícita dentro del argumento de Mullin. El dato sobre el refuerzo fronterizo permanente permite seguir cómo esa asociación se traduce en una preferencia por presupuesto y capacidades durables. Juntos justifican leer una continuidad entre amenaza, frontera y aparato estatal; no autorizan a presentar esa continuidad como la única explicación de la política fronteriza estadounidense.

Por último, el dato sobre infraestructura energética transfronteriza documenta la iniciativa de certificados de cruce y su trayectoria legislativa. Sirve para mostrar que la frontera también puede ser regulatoria y energética. Su límite es central: S.23 no avanzó más allá de introducción y remisión a comité en el 118º Congreso. El registro permite analizar una preferencia legislativa y su diseño regulatorio; no permite afirmar que el mecanismo se implantó ni que Mullin impuso personalmente su proyecto.

El análisis necesita además evitar una imagen de seguridad de una sola vía. Los cinco Datos enlazados no miden el tráfico de armas ni permiten cuantificar responsabilidades bilaterales: registran posiciones, coordinación, agenda fronteriza y una propuesta energética. Por eso no se usan aquí para convertir la discusión sobre armas en una conclusión empírica. Su función metodológica es más limitada: recordar que un marco centrado sólo en flujos hacia Estados Unidos sería incompleto y que cualquier afirmación sobre flujos inversos requeriría una fuente y una serie propias.

Desarrollo y hallazgos

Mullin funciona primero como bisagra institucional. Antes de su cargo, sus posiciones sobre frontera podían leerse como intervención legislativa y partidista; después del nombramiento, se integran al recorrido de un funcionario que encabeza una agencia encargada de administrar ámbitos directamente vinculados con la relación bilateral. No se trata de atribuirle una doctrina individual que explique todo Washington. Se trata de observar que, en esa trayectoria, el lenguaje del endurecimiento fronterizo, el fentanilo y la infraestructura transfronteriza no aparece disperso, sino articulable.

El fentanilo muestra con claridad por qué la distinción entre realidad y traducción política es indispensable. Mullin lo vinculó con China, México y el cierre de la frontera sur dentro de un mismo argumento de seguridad. La secuencia organiza una geografía de responsabilidades: China aparece como origen de precursores o amenaza geopolítica; México, como territorio de tránsito o producción criminal; la frontera sur, como mecanismo de defensa; Estados Unidos, como víctima que debe endurecer política exterior y política fronteriza. La fuerza de esa secuencia no depende de negar el daño del fentanilo, sino de orientar cómo debe interpretarse y responderse.

Una vez formulado como amenaza nacional estadounidense que entra por México, el fentanilo deja de ser solamente sanitario, criminal o financiero. Se vuelve también fronterizo, migratorio, diplomático y potencialmente militarizable. La categoría de seguridad permite unir esos registros bajo una dirección política. Esta es la doble condición que conviene preservar: decir que el fentanilo es sólo un pretexto borraría la materialidad de la crisis; decir que es sólo una crisis sanitaria borraría la manera en que se vuelve palanca geopolítica. Las crisis más útiles políticamente no son necesariamente falsas, sino las que convierten sufrimiento y miedo en autorización institucional.

La frontera es el punto donde esa autorización puede adquirir forma durable. En la defensa del paquete conocido como One Big Beautiful Bill, Mullin planteó hacer permanente el refuerzo fronterizo mediante inversiones en muro, ICE, CBP y Guardia Costera. El significado de “permanente” es institucional: una orientación presidencial puede cambiar, mientras que presupuesto, contratación, tecnologías y agencias dejan capacidades más difíciles de desmontar. La frontera pasa de ser una respuesta a una coyuntura a ser un aparato que reproduce sus propias prioridades.

México no discute esa transformación desde fuera. Un refuerzo estadounidense modifica flujos migratorios, redes criminales, rutas comerciales, cooperación policial y presión diplomática al sur de la línea. Estados Unidos tiene derecho a regular su frontera; la cuestión analítica no es negarlo. La cuestión es qué ocurre cuando esa regulación se enlaza con una narrativa en la que México es origen o paso de amenazas, y cuando la respuesta demanda información, contención, coordinación y adaptación mexicanas. En ese momento, la frontera funciona como dispositivo de gobierno regional, aun sin borrar formalmente las jurisdicciones nacionales.

La relación tampoco debe reducirse a una narrativa moral unilateral. Los Datos disponibles muestran cómo el discurso de Mullin enlaza fentanilo, frontera y capacidades estatales, pero no miden por sí solos todos los flujos de seguridad entre ambos países. Por ello no autorizan a presentar a México como fuente única de amenazas ni a convertir el argumento en un tribunal donde un país acusa y el otro sólo se defiende. Una evaluación completa tendría que contrastar responsabilidades y efectos con evidencia específica para cada flujo.

La energía prolonga esta lógica por un carril menos visible. Mullin impulsó la Promoting Cross-border Energy Infrastructure Act, que proponía sustituir permisos presidenciales por certificados de cruce para infraestructura de petróleo, gas natural o electricidad con Canadá o México. El lenguaje es regulatorio y no militar: certificados, FERC, Departamento de Energía, plazos y certidumbre. Sin embargo, esa tecnicidad no vuelve neutral la disputa. Ductos, líneas eléctricas, permisos y certificados distribuyen capacidad de autorización y protección frente a cambios políticos; por eso son también una forma de frontera.

La trayectoria de la iniciativa obliga a no exagerar. S.23 no prosperó más allá de su introducción y remisión a comité en el 118º Congreso. No es correcto afirmar que Mullin logró imponer su proyecto. Sí es correcto señalar que la misma arquitectura reapareció en H.R.3062 durante el 119º Congreso, fue aprobada por la Cámara y enviada al Senado. La continuidad no prueba un plan cerrado ni garantiza un resultado final, pero muestra que la preferencia por una vía federal más estable para infraestructura transfronteriza no quedó limitada a una propuesta fallida.

La propuesta energética tampoco agota la controversia entre regulación, integración y rectoría estatal. El dato sobre S.23 permite observar una preferencia por certidumbre federal para ciertos cruces, no medir los efectos de las políticas mexicanas ni establecer una presión comercial concreta. Para sostener esas afirmaciones harían falta los expedientes comerciales, decisiones regulatorias y resultados de cada caso. La energía aparece aquí como una frontera regulatoria posible, no como prueba suficiente de que toda disputa energética sea un instrumento de seguridad.

México, a su vez, no puede responder sólo con una declaración de soberanía. Defender que CFE y PEMEX son estratégicas fija una prioridad pública, pero no sustituye capacidad material, inversión, eficiencia o decisiones sobre transición. Aceptar que existen esos retos tampoco exige aceptar que la solución estadounidense, sus plazos o su vocabulario sean los únicos racionales. La disputa efectiva consiste en sostener prioridades propias mientras se negocia una interdependencia que no desaparece por voluntad política. La soberanía práctica requiere criterios, capacidades e instituciones, no sólo una objeción al marco ajeno.

El episodio sobre agencias extranjeras ayuda a precisar el límite. Sheinbaum negó operaciones clandestinas de la CIA en México y colocó cualquier colaboración bajo la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El dato no prueba una operación vinculada con Mullin y sería impropio usarlo para inflar el argumento. Su aporte es más contenido: marca la diferencia mexicana entre cooperación regulada e intervención inadmisible. Esa diferencia muestra que el desacuerdo no versa únicamente sobre si habrá coordinación, sino sobre las condiciones jurídicas y políticas en que puede ocurrir.

Riesgos e impacto

El riesgo principal de la gramática de seguridad es que la cooperación se presente como una opción sin alternativas. Si fentanilo, migración, frontera y energía se formulan como una misma amenaza estadounidense, cada tema puede presentarse como exigencia del siguiente: el fentanilo, de frontera; la frontera, de vigilancia; la vigilancia, de agencias; la energía, de certidumbre regulatoria; la cooperación, de alineamiento operativo. No hace falta que esa cadena aparezca como doctrina escrita para orientar efectos prácticos. Basta con que organice presupuestos, interlocutores y soluciones consideradas aceptables.

México puede negociar en un terreno inclinado. No porque carezca de agencia, sino porque una potencia con mayor capacidad institucional puede definir primero el lenguaje de urgencia. La subordinación sería visible si hubiera presión explícita, imposición directa o intervención documentada. También puede ser más lenta: aceptar las categorías con que otro Estado nombra el problema y, con ellas, aceptar de antemano quién debe responder, qué debe probar y qué política se considera responsable. Esta última es una posibilidad analítica, no un hecho que los Datos aquí reunidos demuestren en cada mecanismo de cooperación.

El riesgo inverso es responder a esa asimetría con una soberanía declarativa. Tratar toda crítica a la política energética mexicana como injerencia, o toda cooperación en seguridad como entrega, impediría atender problemas compartidos. Fentanilo, armas, migración y frontera no respetan la comodidad narrativa de ningún gobierno. México no puede considerarlos puramente nacionales, del mismo modo que Estados Unidos no puede describirlos honestamente como responsabilidades mexicanas aisladas. La cooperación sigue siendo necesaria, pero su necesidad no cancela el derecho a discutir sus términos.

La responsabilidad compartida no debe confundirse con una simetría que los Datos no prueban. El expediente reunido permite examinar cómo una agenda estadounidense formula amenazas y propuestas; no distribuye causalmente la violencia ni cuantifica todos los flujos ilícitos. Una conversación bilateral más completa requeriría evidencia específica sobre drogas, armas, cooperación y capacidades de ambos países antes de exigir acciones recíprocas o atribuir responsabilidades comparadas. Esa delimitación permite discutir obligaciones sin presentar la cooperación ni el desacuerdo como resultados ya demostrados.

En energía, el alcance del dato es regulatorio, no un balance de impacto. Una vía federal más estable para cruces podría, si se adoptara y operara, influir en infraestructuras y expectativas de mercado; S.23 no permite medir ese efecto ni fijar la respuesta mexicana. Del mismo modo, invocar rectoría estatal no sustituye el examen de capacidad, inversión, eficiencia y transición. La tensión requiere decisiones concretas sobre permisos, propiedad, planeación, infraestructura y rendición de cuentas, evaluadas con evidencia de cada caso.

La relación bilateral necesita por eso una distinción operativa. Cooperar en información, persecución de redes criminales o gestión de flujos no equivale automáticamente a subordinarse. Pero tampoco basta con llamar cooperación a cualquier demanda externa. La pregunta debe ser qué objetivo compartido se atiende, qué autoridad conserva cada parte, qué datos se intercambian, qué normas regulan la colaboración y qué capacidades quedan instaladas después. Sin esas preguntas, la seguridad puede expandirse hasta ocupar campos que deberían conservar deliberación política propia.

Conclusiones

Washington no necesita inventar una amenaza única contra México para que sus categorías de seguridad puedan ejercer presión. Puede nombrar problemas distintos, reales y complejos –fentanilo, migración, frontera, energía e infraestructura– desde una gramática común de seguridad. Esa formulación puede volver crisis y disputas regulatorias palancas de coordinación, presupuesto, agencias, regulación y frontera. La trayectoria de Mullin no prueba que una sola persona controle ese proceso, pero permite seguir cómo varias de sus piezas aparecen juntas en un actor que pasó del Congreso a encabezar el DHS.

La conclusión no es una denuncia simple contra Estados Unidos ni una defensa automática del Estado mexicano. Estados Unidos enfrenta problemas reales de drogas, frontera y seguridad, pero puede traducirlos de forma que amplíe sus instrumentos institucionales y desplace hacia México parte de la carga de respuesta. México tiene razones para defender soberanía energética y límites a la intervención, pero debe convertir esa defensa en capacidad material y no sólo voluntad jurídica. El expediente analizado no distribuye todas las responsabilidades bilaterales, por lo que no permite una acusación unilateral ni una absolución recíproca.

Cooperar donde el problema es común, resistir donde el vocabulario subordina y construir capacidad propia donde la soberanía no puede quedarse en declaración: esa es la posición más exigente. No ofrece la comodidad del aislamiento ni la de la alineación. Exige reconocer crisis sin entregarlas como palabras neutrales, discutir las instituciones que producen y sostienen sus respuestas, y mantener la coordinación bajo reglas que preserven jurisdicción, responsabilidad compartida y decisión política mexicana.

También exige conservar el tamaño correcto de la inferencia. Los datos reunidos muestran asociaciones, posiciones, iniciativas y límites institucionales; no prueban una intención única ni sustituyen el examen de cada medida concreta. Esa cautela no debilita la tesis. La vuelve útil: permite cuestionar la expansión de la seguridad sin negar los problemas que la hacen políticamente persuasiva y sin convertir toda relación bilateral en evidencia de subordinación.