La seguridad como gramática corporativa de Washington
premisas
Premisa
La seguridad no es sólo un tema de patrullas, muros, drogas o migración. En la relación entre Estados Unidos y México, también funciona como lenguaje de ordenamiento político. Markwayne Mullin permite ver esa operación con claridad: antes de llegar al Departamento de Seguridad Nacional, ya articulaba fentanilo, China, México y frontera sur dentro de una misma narrativa de amenaza; después, como secretario del DHS, se convirtió en interlocutor directo de México en una agenda que incluye seguridad, gestión fronteriza y migración.
El punto no es presentar a Mullin como cerebro único de una estrategia contra México. Sería una caricatura. Su relevancia está en otra parte: encarna una bisagra institucional entre el trumpismo legislativo, el aparato de seguridad interior estadounidense y una visión corporativa de frontera, energía e infraestructura. En su propio recorrido aparecen juntas las piezas que suelen discutirse por separado: drogas, ICE, CBP, muro, vigilancia, deportaciones, Guardia Costera, infraestructura energética transfronteriza y seguridad hemisférica.
La reunión entre Claudia Sheinbaum y Mullin, según la SRE, ocurrió bajo cuatro principios: soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación. Esa fórmula mexicana importa porque reconoce la tensión de fondo. Cooperar en seguridad no es automáticamente subordinarse; pero tampoco es neutral. Cada mecanismo de coordinación define qué amenazas se priorizan, qué agencias ganan peso, qué información circula, qué frontera se administra y qué márgenes de decisión conserva cada país.
Ahí entra el filo corporativo. Mullin no sólo ha defendido más fuerza fronteriza. También patrocinó una iniciativa para sustituir permisos presidenciales por certificados de cruce en infraestructura energética con Canadá o México. Ese dato no prueba una imposición directa sobre México, pero sí muestra que su mapa político no termina en migración. La frontera es también energía, transporte, permisos, ductos, electricidad, cadenas productivas y certidumbre regulatoria para intereses económicos estadounidenses.
Por eso, drogas y migración no deben leerse sólo como pretextos falsos ni sólo como problemas reales. Son ambas cosas en disputa: crisis materiales que Washington traduce a un idioma de seguridad capaz de justificar presencia, vigilancia, condicionamientos, legislación, presión bilateral y reordenamiento de prioridades. La gramática es seguridad; la palanca puede ser corporativa.
Datos publicados que sostienen esta premisa
- DHS confirmó a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos
- México y Estados Unidos revisaron seguridad, frontera y migración durante la visita de Markwayne Mullin
- Mullin vinculó fentanilo, China, México y cierre de la frontera sur en un mismo argumento de seguridad
- Mullin defendió hacer permanente el refuerzo fronterizo con muro, ICE, CBP y Guardia Costera
- Mullin impulsó un proceso federal para infraestructura energética transfronteriza con Canadá o México
Alcance
Esta premisa no afirma que toda cooperación México–Estados Unidos sea subordinación, ni que Mullin haya impuesto una política específica al gobierno mexicano, ni que drogas y migración sean problemas inventados. Afirma algo más preciso: cuando esos problemas se traducen desde Washington al lenguaje de seguridad, pueden funcionar como palanca para ordenar frontera, energía, comercio, inteligencia y soberanía regulatoria.
Cierre
La pregunta política no es si México debe cooperar o no cooperar con Estados Unidos. Esa falsa alternativa simplifica demasiado. La pregunta seria es quién define el vocabulario de la cooperación. Porque cuando Washington llama “seguridad” a un problema, no sólo está nombrando una amenaza: también está proponiendo quién manda, qué agencias intervienen y qué intereses quedan protegidos bajo esa palabra.